Como ya es sabido, las tensiones entre el Consorcio para la construcción de la ampliación del Canal de Panamá, donde la empresa española Sacyr juega un papel fundamental, y las empresa adjudicatarias de la obra se han disparado tras el anuncio de estas últimas de abandonar la obra debido a los sobre costes de la misma.

Por este motivo, Panamá está empezando a plantearse una especie de “alternativa” para terminar esta obra, basada en contratar a otro constructor, quedándose con la fianza que el Estado español adelantó como aval de Sacyr al Gobierno panameño, un dinero que suponen unos 150 millones de euros

De hecho, y para profundizar en esta línea, el gobierno panameño ya ha pedido una reunión de urgencia a la aseguradora Zurich para analizar las fórmulas de ejecución de las distintas fianzas, con el objetivo de pagar ese dinero al nuevo constructor que de por finalizadas las obras de ampliación del canal.

Ahora entra en juego la diplomacia española y la acción del Ministerio de Fomento, el cual encabeza Ana Pastor, para llegar a una solución que beneficie a todas las partes implicadas y que no cueste a los españoles un dinero que bien se podría invertir en otros muchos aspectos vitales dentro de nuestras fronteras.