El sector de asesoría e intermediación fue, hasta el comienzo de la crisis, un grupo de profesionales muy bien vistos por las entidades de crédito. Fueron los que aportaron un amplio número de clientes a estas identidades, hasta que la crisis empezó a dar sus primeros coletazos, en el no tan lejano verano de 2007, en la que este tipo de actividades comerciales pasaron a ser una especie de villanos (similar al de los famosos cómics de ficción estadounidenses), al ser vistos como los culpables de haber realizado operaciones de crédito de poca calidad crediticia por las mismas entidades de crédito que meses antes las habían solicitado para entregarlas premios y comisiones por captación de multitud de clientes. Dos años después de esta situación, tras muchas negociaciones, vio la luz la ley 2/2009 que cambia la forma de hacer negocio de estas actividades, dando una mayor protección a los consumidores.

Desde el pasado 12 de mayo de 2011, se ha creado un Registro Profesional supervisado por el Instituto Nacional de Consumo en Madrid, en el cual deben estar inscritos todos los profesionales del sector. Este registro se, siguiendo la lógica del sistema autonómico, se crea también en cada Comunidad Autónoma. Sin el número de este registro profesional no se podrá trabajar en este sector. En dicho registro, se debe comunicar si se actúa con carácter independiente ( sólo puede cobrar del cliente), si se ha declinado por actuar como multiagente (sólo percibe comisión de la entidad financiera), y además, si se es independiente se deberá facilitar al cliente 3 ofertas vinculantes, las cuales no hay que confundir con comerciales.

Además, para mayor seguridad, cada asesor tendrá un seguro de responsabilidad civil mínimo de 300.000 euros, y otra cuestión importante, los honorarios y servicios que se perciban serán estar publicados tanto en el registro antes mencionado, como en la página web de la mercantil y el tablón de anuncios del lugar donde se ejerce dicha actividad, estando el cliente capacitado para desistir en la gestión que le ofrece el asesor durante los primeros catorce días.

Como podemos comprobar, el consumidor saldrá fortalecido con esta normativa. Si bien es cierto que ofrecerle al cliente 3 ofertas vinculantes a día de hoy es tarea casi imposible, estas medidas sirven para consolidar un sector financiero necesario y rentable en este contexto, ágil y capaz de crear numerosos puestos de trabajo, al igual que se fomenta la desaparición del, hasta el 2007, creciente intrusismo laboral que tan mala prensa volcó hacia este sector. Así, España se une a los países más potentes de Europa y Estados Unidos en la legislación de las asesorías e intermediarios, trabajando por el afianzamiento y buena calificación de estas empresas, que dan al cliente oportunidades que no todas las entidades bancarias están dispuestas a ofrecer.